¿Intercambio de disparos o ineficiencia policial disfrazada de mano dura?

En la República Dominicana hay una expresión que se ha vuelto demasiado frecuente cada vez que una persona muere a manos de agentes policiales: «intercambio de disparos». La versión oficial suele repetirse con tanta rapidez que, antes de conocer las circunstancias del hecho, el fallecido ya ha sido presentado como delincuente y la actuación policial como una respuesta legítima. Pero ¿quién verifica lo ocurrido? ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién garantiza que no estamos ante una ejecución extrajudicial?

Para comprender el trasfondo de esta práctica, debemos mirar nuestra historia. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la persecución política y la eliminación de opositores formaban parte de los mecanismos represivos del régimen. Durante los doce años de Joaquín Balaguer, entre 1966 y 1978, numerosos jóvenes opositores fueron víctimas de la violencia política. Algunas muertes se presentaban públicamente como enfrentamientos con las fuerzas del orden, aunque las circunstancias fueran cuestionadas.

Con la transición democrática, la persecución política dejó de tener la misma legitimidad oficial, pero las prácticas de violencia policial no desaparecieron. La expresión «intercambio de disparos» se convirtió en una fórmula recurrente para explicar muertes ocurridas durante operativos. No significa que todos los enfrentamientos sean falsos, pero tampoco podemos aceptar que esa denominación sustituya una investigación independiente.

Hoy vivimos en una sociedad donde los teléfonos celulares graban accidentes, atracos, discusiones y hasta acontecimientos que duran apenas segundos. Sin embargo, muchos de los supuestos enfrentamientos armados que terminan con personas muertas se conocen principalmente a través de comunicados policiales. ¿Dónde están las grabaciones de esos tiroteos? ¿Qué dicen las cámaras de seguridad, los testigos, las autopsias y las pruebas balísticas? La ausencia de un video no demuestra por sí sola que un enfrentamiento sea falso, pero la reiteración de estos casos obliga a exigir evidencias y explicaciones verificables.

No defendemos la delincuencia ni pretendemos justificar a quienes arrebatan la tranquilidad y la vida de ciudadanos honestos. Los delincuentes deben ser perseguidos, arrestados y sometidos a los tribunales. Precisamente por eso, exigimos una Policía que investigue, capture y entregue a los sospechosos al Ministerio Público, no una institución que convierta la muerte en sustituto del proceso judicial.

Y aquí surge otra pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una persona acumule supuestamente varias fichas policiales y continúe en las calles? ¿Qué ocurrió con las investigaciones anteriores? ¿Por qué no se ejecutaron las órdenes de arresto? ¿Dónde fallaron la inteligencia, la investigación criminal, la coordinación institucional y el sistema de justicia?

El problema adquiere otra dimensión cuando la propia Policía informa que existen 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas, según los datos divulgados el 1 de octubre de 2026. ¿Cómo se explica semejante acumulación de órdenes sin ejecutar? ¿Cuántas víctimas pudieron evitarse si las instituciones hubieran actuado oportunamente? ¿Cuántos ciudadanos siguen expuestos a personas buscadas por la justicia?

La llamada mano dura no puede servir para ocultar las debilidades del sistema. Si los sospechosos reinciden, las órdenes no se ejecutan y las investigaciones no producen resultados, no basta con exhibir operativos ni anunciar nuevas medidas. Hay que explicar por qué falla la persecución del delito y quién responde por esas fallas.

Una democracia no puede combatir la criminalidad renunciando a la legalidad. Cuando un agente dispara para defender una vida, debe contar con el respaldo de la ley. Cuando utiliza la fuerza ilegítimamente, debe responder ante la justicia. Y cuando una persona es acusada de delinquir, corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad, no a una bala dictar sentencia.

La seguridad ciudadana no se mide por la cantidad de sospechosos muertos, sino por la capacidad del Estado para prevenir delitos, capturar a los responsables y garantizar justicia.

La República Dominicana no necesita una Policía que mate para demostrar autoridad. Necesita una Policía eficiente, profesional, capaz de investigar y arrestar; un Ministerio Público que presente acusaciones sólidas, y tribunales que juzguen con independencia.

Porque, al final, la pregunta que debemos hacernos no es cuántos supuestos delincuentes murieron en un intercambio de disparos, sino cuántos pudieron ser arrestados, juzgados y condenados si nuestras instituciones hubieran hecho su trabajo a tiempo.