El desaparecido no tiene quien le escriba

Desde diciembre, cuando Brianna Genao, de tres años, desapareció en Barrero, una comunidad de Imbert, en Puerto Plata, nada ha vuelto a ser igual. Su familia y sus vecinos han retomado su día a día, pero se han quedado con más preguntas que respuestas. Pese a la llegada del FBI, los agentes policiales y una amplia cobertura mediática, no ha sido posible esclarecer su desaparición. Hoy no hay rastros de Brianna. Y como ella, cientos de personas siguen desaparecidas en la República Dominicana.

Para entender la magnitud del problema hay que mirar los números. Según la Policía Nacional, entre 2022 y febrero de este año se reportaron más de 3,300 personas desaparecidas en el país. La tendencia preocupa: solo en 2025 hubo 1,310 casos, la cifra más alta del período y el doble de los años anteriores. La mayoría de los desaparecidos son adultos de entre 18 y 64 años, seguidos por los adolescentes. La provincia Santo Domingo concentra la mayor cantidad de casos, con 1,299, seguida del Distrito Nacional, con 535, y Santiago, con 341.

Pero ¿cuántas personas están realmente desaparecidas en nuestro país? La pregunta no tiene una respuesta concluyente, y eso ya es parte del problema. Mientras la Policía Nacional reporta más de 3,300 casos desde 2022, la Procuraduría General registró poco más de 1,300 entre 2021 y 2024. Por su parte, la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), que lleva su propio registro, contabilizó más de 2,000 casos en cuatro años. Cada institución lleva su propio registro, y eso preocupa. Sin datos organizados, no puede haber una política coherente frente a este problema.

Pese a este panorama, hay que reconocer algunos avances. Este año se promulgó la Ley 25-26, que crea el sistema Alertas RD, un reclamo que por años fue postergado por nuestros legisladores. Pero ¿qué significa exactamente esta normativa? ¿Cuáles son sus implicaciones? Para empezar, obliga a la Policía Nacional y al Ministerio Público a activar las alertas de manera conjunta, en un plazo no mayor de 24 horas tras la denuncia, que puede hacerse en persona o por teléfono. Además, establece cuatro tipos de alerta: Amber, para niños y adolescentes; Silver, para adultos mayores; Azul, para personas con discapacidad; y Rosa, para mujeres en situación de violencia o trata. En mi opinión, lo más trascendente de esta ley es que la búsqueda deja de depender de la voluntad dispersa de cada institución y pasa a regirse por un solo protocolo y una sola acción.

Esta ley no se queda solo en las alertas. También ordena crear un registro nacional unificado de personas desaparecidas, administrado por la Policía Nacional, una respuesta contundente a lo que planteábamos: la urgencia de ordenar la dispersión de protocolos y estadísticas y, sobre todo, contar con un registro único, seguro y confiable. Además, crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, que tendrá la tarea de dirigir este esfuerzo. Por último, la normativa establece sanciones para los servidores públicos que, conociendo un caso, omitan informarlo u obstaculicen los protocolos de búsqueda.

La desconfianza, sin embargo, sigue presente en las familias. Recordemos que este proyecto estuvo engavetado durante años en el Congreso, e incluso perimió y tuvo que ser reintroducido. Una iniciativa de esta importancia y urgencia necesitó denuncias, marchas y reclamos para avanzar. Ni siquiera miles de desapariciones habían bastado para dotar al país de un marco normativo. Por eso, aunque las familias reconocen que se trata de un gran paso, sienten que todavía queda un largo camino para que su implementación sea una realidad.

Y es que aprobar la norma no basta. La ley le concedió al Poder Ejecutivo tres meses para elaborar el reglamento. Ese tiempo ya se cumplió y, hasta ahora, nadie ha explicado públicamente en qué estado se encuentra. A esto se suma que el mecanismo de alertas todavía no tiene alcance nacional: en su arranque, solo podían recibirlas quienes tenían un teléfono Android. Más allá de estos puntos pendientes, las familias de los desaparecidos y la ciudadanía en general reclaman investigaciones más transparentes y rigurosas. Reclaman también que el Estado ofrezca atención psicológica a quienes viven cada día con la angustia de no saber nada de un ser querido.

Necesitamos que se publique el reglamento, que el registro nacional ofrezca estadísticas confiables y transparentes y que los agentes que atienden estos casos actúen con profesionalismo y empatía. Mientras eso no ocurra, las familias de los desaparecidos seguirán como el coronel de García Márquez: esperando durante años, entre la impaciencia y el temor, una carta que nunca llega. La respuesta del Estado.