SANTIAGO.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales, señaladas como parte de una presunta estructura dedicada a estafas electrónicas transnacionales y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.
Los acusados son Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez, alias “William el Técnico”; Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
El expediente también incluye a las empresas Inversiones Dolores Santana Inverdosa (INVERDOSA), JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.
Según la acusación depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago, la presunta red operaba principalmente desde la región norte de República Dominicana y mantenía conexiones con distintas ciudades de Estados Unidos. Para cometer los fraudes, habría utilizado centros de llamadas clandestinos, suplantación de identidad, ingeniería social, intimidación y sextorsión, además de hacerse pasar por autoridades o familiares de las víctimas.
Las investigaciones sostienen que entre las personas afectadas figuraban especialmente adultos mayores y que, una vez obtenido el dinero, los fondos eran enviados a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros.
Posteriormente, de acuerdo con el Ministerio Público, los recursos eran incorporados al sistema económico mediante empresas, propiedades, vehículos y otras operaciones, con el propósito de ocultar su supuesto origen ilícito. El expediente divide el esquema en cuatro fases: captación de víctimas, fraude y suplantación, movilización del dinero y lavado de activos.
La investigación financiera identificó operaciones que van desde RD$12 millones hasta más de RD$120 millones, así como registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias por más de RD$20 millones en menos de un año. El órgano acusador sostiene que esos movimientos no guardan relación con los ingresos lícitos declarados por los imputados.
El director general de Persecución, Wilson Camacho, afirmó que la acusación establece las responsabilidades individuales, reconstruye la ruta seguida por el dinero y contiene las pruebas que serán presentadas ante el tribunal.
La investigación contó con la cooperación del FBI de Estados Unidos y de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
El Ministerio Público recordó además que Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalados como principales cabecillas de la estructura, fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.

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