La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) nació como un instrumento de lucha social, de defensa de los derechos del magisterio y de reivindicación de una educación digna. En sus orígenes, sus luchas trascendían las demandas salariales y conectaban con las aspiraciones de una sociedad que veía en la educación una herramienta fundamental para la movilidad social y el desarrollo nacional. Por eso, en determinados momentos de su historia, contó con el respaldo y la simpatía de amplios sectores de la sociedad.
Sin embargo, algo ha cambiado. El gremio parece haber perdido parte de aquella conexión con las causas colectivas para convertirse en una organización cuya agenda está cada vez más concentrada en reivindicaciones económicas, utilizando la suspensión de docencia como principal mecanismo de presión.
No cuestionamos la naturaleza de los gremios ni su derecho a reclamar mejores salarios, condiciones laborales y beneficios para sus afiliados. El problema comienza cuando esas reivindicaciones se pretenden imponer sacrificando el derecho constitucional a la educación de miles de niños y adolescentes dominicanos.
La justicia de una causa no puede medirse exclusivamente por las demandas de quienes la protagonizan, sino también por las consecuencias que sus métodos provocan sobre los demás. Y cuando una lucha legítima se cimenta sobre la vulneración de derechos ajenos, su legitimidad moral queda seriamente cuestionada.
La ADP argumenta que los paros son la única estrategia que el Ministerio de Educación escucha. Pero esa justificación no puede convertirse en una licencia permanente para cerrar las aulas. Tampoco resulta convincente que se utilicen problemas reales de infraestructura, servicios y precariedades escolares como escudo para encubrir disputas fundamentalmente reivindicativas.
¿Es justo suspender la docencia porque una factura eléctrica aumenta, como ocurre con millones de dominicanos? ¿Es razonable convertir cada desacuerdo en una paralización que termina perjudicando precisamente a los sectores más vulnerables?
El Monitor de Impacto Económico de la Suspensión de Clases, presentado por EDUCA, reportó para el año escolar 2025-2026 1,384 horas de docencia perdidas, 61 días lectivos afectados y 55 convocatorias de suspensión, con impacto en 7,921 centros educativos. Aunque la ADP cuestionó la metodología del estudio, sus cifras ponen sobre la mesa una preocupación que no podemos ignorar: la magnitud de las interrupciones y sus consecuencias sobre el aprendizaje.
Y detrás de cada estadística hay un niño. Un estudiante que llega a la escuela esperando aprender, recibir alimentación, compartir con sus compañeros y encontrar en el aula una alternativa a las dificultades de su entorno. Cuando se cierran las puertas, no es el funcionario ni el dirigente sindical quien pierde esas oportunidades: es el estudiante.
Además, el magisterio dominicano pertenece a uno de los sectores públicos que ha recibido importantes mejoras salariales y beneficios durante los últimos años. Eso no significa que sus demandas deban ignorarse, pero sí obliga a preguntarnos si la confrontación permanente responde verdaderamente a una situación de precariedad o a una dinámica de presión que ha terminado convirtiéndose en costumbre.
El sindicalismo pierde su esencia cuando deja de representar las necesidades de las masas y se convierte en un escenario para satisfacer los intereses particulares de sus dirigentes. La lucha magisterial debe contribuir a mejorar la educación, no convertirse en una amenaza contra ella. Porque defender al maestro no puede significar abandonar al estudiante.
Una lucha reivindicativa que sacrifica el derecho de los más vulnerables termina siendo una lucha injusta. La educación dominicana necesita maestros dignificados, escuelas adecuadas y un sindicato comprometido con el futuro de sus estudiantes. Pero también necesita dirigentes capaces de comprender que la justicia no consiste en obtener beneficios propios a costa de los derechos de los demás.
La ADP debe entender que su mayor victoria no debería ser conseguir un incentivo, un aumento salarial o una concesión del Ministerio de Educación. Su mayor victoria tendría que ser que cada niño dominicano reciba una educación de calidad. Porque la verdadera reivindicación del magisterio no puede construirse sobre el sacrificio del futuro de sus propios estudiantes.

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