Imagen ilustrativa del contenido de ejemplo.El Gobierno anuncia recursos para obras deportivas, pero el país tiene derecho a saber de dónde sale cada peso. La transparencia no puede ser opcional.
El anuncio de que RD$2,000 millones recuperados de la corrupción serán destinados a la construcción de 40 obras deportivas en 15 provincias plantea una pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿de cuáles casos de corrupción proviene ese dinero?
La iniciativa puede representar una oportunidad para mejorar las instalaciones deportivas y beneficiar a miles de jóvenes dominicanos. Sin embargo, una obra pública no debe servir para cerrar el debate sobre el origen de los recursos que la financian. Al contrario, debe abrir las puertas a una rendición de cuentas más rigurosa.
¿Se trata de dinero recuperado de varios expedientes judiciales? ¿Cuáles son esos casos? ¿Cuánto se ha recuperado de cada uno? ¿Qué instituciones administran esos fondos y bajo qué mecanismos se garantiza que cada peso llegue a su destino?
Estas no son preguntas malintencionadas. Son interrogantes legítimas de una sociedad que ha pagado un alto precio por la corrupción y que merece conocer los resultados concretos de las investigaciones y los procesos judiciales.
Y hay otro asunto que no puede quedar fuera de la discusión: el caso SeNaSa.
Si se han sustraído recursos destinados a garantizar la salud de los afiliados, el país necesita conocer cuánto dinero se ha recuperado, cuánto permanece pendiente y qué mecanismos existen para restituir los fondos. No basta con investigar, someter a la justicia a los responsables o anunciar medidas administrativas. También es indispensable establecer cuánto dinero público o institucional ha sido recuperado efectivamente.
Si esos recursos pertenecen al sistema de salud y su recuperación permite legalmente reparar el daño causado, la prioridad debe ser proteger a los afiliados y fortalecer los servicios que necesitan, conforme a los mecanismos legales correspondientes.
Porque combatir la corrupción no consiste únicamente en apresar culpables ni en presentar cifras millonarias. También implica demostrar que el dinero regresó, identificar su procedencia y explicar cómo se utiliza.
Cada peso recuperado necesita una historia verificable, un destino transparente y resultados que puedan comprobarse.
El Gobierno debe publicar los expedientes de origen, los montos recuperados por caso, las sumas pendientes y los criterios utilizados para distribuir esos recursos.
La República Dominicana no necesita solamente anuncios de recuperación. Necesita pruebas, documentos y cuentas claras.
¡Que se informe de dónde salió cada peso, cuánto se recuperó y quiénes se beneficiarán! Porque el dinero recuperado de la corrupción debe traducirse en justicia, reparación y bienestar para la gente.
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