Haití: El reflejo de un Estado fallido; Editorial de Juan Carlos Tejada

Por: Juan Carlos Tejada

Haití no atraviesa una crisis más. Lo que se ve allí es el colapso de un Estado que lleva décadas sin cumplir sus funciones esenciales. Su historia es una sucesión de golpes de Estado, dictaduras, gobiernos de transición, elecciones aplazadas e instituciones vaciadas. El país no celebra elecciones nacionales desde el ciclo de 2015-2016 y, hoy, ni siquiera conserva el monopolio de la fuerza.

Según la ONU, las bandas armadas controlan entre el 70 y el 90 % de Puerto Príncipe, y su dominio se extiende ya a los departamentos de Artibonite y Centro. Imponen peajes en carreteras y mercados, controlan puertos, extorsionan a comerciantes y familias, secuestran, roban combustible y reclutan niños. La violencia causó cerca de 6,000 muertes en 2025, y más de un millón de haitianos han sido desplazados de sus hogares. Cuando una población no puede enterrar a sus muertos sin pagar a una banda, el Estado dejó de existir.

La comunidad internacional conoce esta realidad y ha ensayado respuestas durante años, con poco éxito. Primero vino la misión multinacional liderada por Kenia. Después, a finales de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la Fuerza de Supresión de Pandillas, con un tope de 5,500 efectivos. El pasado 29 de septiembre renovó su mandato por seis meses, pero sobre el terreno los resultados siguen siendo muy limitados. El número de efectivos está muy por debajo de lo autorizado y los fondos prometidos no alcanzan. Las promesas no pacifican un país.

En medio de este panorama, sectores de la comunidad internacional han querido que la República Dominicana asuma una responsabilidad que no le corresponde. Hay que decirlo con claridad y sin rodeos: **la solución de Haití no puede encontrarse en territorio dominicano.** Ningún país puede cargar con las consecuencias de un colapso que no provocó ni sustituir a un Estado que dejó de funcionar. Nuestro deber es proteger nuestra soberanía, nuestras fronteras y la seguridad de los dominicanos.

La salida está en que la comunidad internacional y los organismos multilaterales asuman el costo del fracaso colectivo que permitió llegar hasta aquí. Eso exige tropas suficientes, financiamiento real, mando eficaz y una meta clara: desarticular las bandas, devolver al Estado el control del territorio y restablecer el orden público y social. Solo entonces podrán recuperarse la economía, las escuelas, los hospitales y, con el tiempo, un proceso electoral creíble.

El pueblo haitiano merece vivir en paz, y esa paz debe construirse en Haití con el respaldo decidido del mundo. A la República Dominicana le corresponde defender lo suyo. Al mundo le toca asumir lo que le corresponde.