Estudio indica que el sistema judicial dominicano perjudica a pymes y negocios del interior

El funcionamiento del sistema de justicia en la República Dominicana genera efectos regresivos que perjudican a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los negocios del interior del país, según revela el estudio titulado “Análisis Económico de la Justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”. La investigación fue elaborada conjuntamente por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), y recopila testimonios y valoraciones de profesionales del derecho de diversas áreas.

De acuerdo con la fuente, el desempeño judicial no constituye un obstáculo principal ni una ventaja competitiva decisiva para los empresarios al momento de invertir, siendo poco común que las inversiones se eviten o retiren por esta causa. De hecho, algunos consultados indicaron que factores como los costos laborales o de la energía tienen mayor peso al elegir destinos de inversión en la región. No obstante, el informe documenta casos aislados de empresas que desistieron de invertir tras enfrentar procesos tributarios o administrativos sin resolver, o debido a litigios prolongados en el sector construcción.

Polo turísticos como Puerto Plata e Higüey presentan cuestionamientos sobre la previsibilidad jurídica. Profesionales consultados señalaron que en dichas localidades los fallos judiciales pueden resultar tan impredecibles como lanzar una moneda al aire, un aspecto delicado para la sostenibilidad de la inversión en zonas de alta relevancia turística.

El informe destaca que el costo de litigar representa una carga proporcionalmente mayor para los negocios pequeños que para las grandes corporaciones. Mientras que los honorarios legales pueden rondar cifras menores en transacciones de gran magnitud —como el 3 % en un caso de 100 millones de dólares frente al 10 % en montos menores—, el factor tiempo resulta aún más determinante. Las grandes empresas poseen mayor resistencia financiera para sostener litigios durante años, a diferencia de las pymes, cuya capacidad operativa se compromete ante la acumulación de mora e intereses mientras los casos siguen sin resolución.

Ante las dificultades para sostener procesos largos, el arbitraje se presenta como una alternativa más ágil, aunque su uso es limitado en contratos de clientes con menor capacidad debido al desconocimiento o a sus elevados costos. La investigación advierte que la carencia de vías accesibles para resolver disputas económicas de menor escala podría propiciar que los conflictos se atiendan mediante vías informales o actos de violencia.