La reforma fiscal que dijeron no vendría, está llegando por partes

Hay decisiones económicas que no necesitan anunciarse con grandes titulares para sentirse en el bolsillo de la gente. Basta con aumentar una tarifa aquí, crear un impuesto allá y modificar las condiciones de determinados servicios para que, poco a poco, los ciudadanos terminen pagando aquello que en algún momento se les dijo que no tendrían que pagar.

Eso es precisamente lo que merece una explicación de las autoridades dominicanas: ¿acaso estamos ante una reforma fiscal que fue descartada públicamente, pero que se está imponiendo gradualmente mediante medidas dispersas en distintas disposiciones legales y presupuestarias?

El aumento del marbete es apenas una de las señales de preocupación. Para el período 2026-2027, la DGII estableció un pago de RD$2,000 para vehículos fabricados hasta 2021 y RD$4,000 para los fabricados desde 2022. El incremento representa RD$500 y RD$1,000, respectivamente, en comparación con las tarifas anteriores. La institución proyecta recaudar RD$4,700 millones por este concepto.

Pero el marbete no es el único asunto. Entre las medidas tributarias que se contemplan para 2026 y 2027 figuran aumentos de tarifas, modificaciones al tratamiento del impuesto sobre la renta empresarial, ajustes relacionados con los juegos de azar y los seguros, así como nuevas obligaciones de fiscalización. A esto se agregan mecanismos de control mediante la facturación electrónica y herramientas para supervisar el comportamiento tributario de los contribuyentes.

Es decir, mientras se aseguró que no habría una reforma fiscal como la inicialmente planteada, el panorama parece mostrar que sus efectos podrían estar llegando por otras vías.
Lo que no está en la Ley 30-26 parece encontrar espacio en otras disposiciones del Código Tributario y en las medidas contempladas en el Presupuesto General del Estado para 2027.

De esta manera, el contribuyente podría terminar enfrentándose a una acumulación de nuevas cargas que, vistas individualmente, parecen simples ajustes, pero que en conjunto tienen consecuencias económicas importantes.

Y aquí está el problema: el ciudadano no necesariamente identifica estas medidas como parte de una misma política tributaria. Las percibe por separado: un aumento del marbete, una nueva tarifa, una modificación impositiva o una obligación adicional. Sin embargo, cuando se colocan todas las piezas sobre la mesa, aparece una realidad que merece ser discutida públicamente.

No cuestionamos la necesidad del Estado de recaudar, combatir la evasión y mejorar sus mecanismos de fiscalización. Lo que cuestionamos es que se pretenda aumentar los ingresos públicos sin explicar suficientemente cuánto terminará pagando la población y qué recibirá a cambio.

Porque los impuestos no los pagan exclusivamente las empresas. Los pagan los consumidores cuando compran, los trabajadores cuando reciben sus salarios y las familias cuando deben asumir el incremento de los bienes y servicios.

Si el Gobierno necesita más recursos, debe explicar para qué los necesita, cómo los administrará y cuáles resultados concretos obtendrá la sociedad. No basta con anunciar mayores recaudaciones; también hay que demostrar mayor eficiencia, transparencia y calidad en los servicios públicos.

Tampoco podemos olvidar que una parte importante del presupuesto nacional está comprometida con el pago de la deuda pública. Por eso, cada nuevo peso que se exige a los contribuyentes debe estar acompañado de una explicación sobre las prioridades del gasto y los beneficios que recibirá la ciudadanía.

Una reforma fiscal no deja de ser reforma porque se aplique por partes. Y un aumento de impuestos no deja de afectar al pueblo simplemente porque se le cambie el nombre por actualización, ajuste o fortalecimiento de las recaudaciones.

El Gobierno tiene derecho a recaudar, pero los ciudadanos también tienen derecho a saber cuánto más tendrán que pagar, por qué tendrán que hacerlo y dónde terminará cada peso de su sacrificio.