Imagen ilustrativa del contenido de ejemplo.De acuerdo con la fuente, una jueza federal en California ordenó a la Administración del presidente Donald Trump suspender, hasta el cierre de las urnas el próximo 3 de noviembre, las investigaciones en nueve estados sobre presuntos casos de extranjeros no ciudadanos registrados para votar en Estados Unidos. La magistrada Araceli Martínez-Olguin, del Tribunal Federal de Distrito en Oakland, determinó que la investigación gubernamental se fundamenta en datos con múltiples errores y genera intimidación en organizaciones y personas dedicadas a facilitar la participación electoral. La medida, emitida en día miércoles, quedó temporalmente suspendida hasta el viernes para permitir que la Administración presente una apelación.
La orden judicial abarca las pesquisas llevadas a cabo en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno federal para identificar posibles irregularidades vinculadas con la elegibilidad de los votantes de cara a las elecciones legislativas de medio término. En su resolución, Martínez-Olguin advirtió sobre la falta de una base de datos federal que registre la ciudadanía de los residentes, lo que dificulta verificar con fiabilidad la habilitación legal para votar. Asimismo, señaló la rapidez de las verificaciones, donde los agentes recibieron instrucciones de dedicar un máximo de 12 minutos a revisar a cada persona señalada utilizando listas calificadas como poco fiables.
La demanda que originó este fallo fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara. Los demandantes argumentaron que las indagatorias afectaban las labores de asistencia y movilización electoral al infundir temor entre ciudadanos que podían ser identificados por error. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las pesquisas al señalar que buscan retirar del proceso electoral a los extranjeros que voten ilegalmente, y aseguró que no planea interrogar a ciudadanos estadounidenses.
La investigación, denominada Unlawful Voter Initiative (Iniciativa contra el Voto Ilegal), se hizo pública el mes pasado tras un informe de un denunciante divulgado por los senadores demócratas Chuck Schumer y Alex Padilla. En paralelo, el Departamento de Justicia ha exigido registros electorales detallados a diversos estados y ha demandado a 30 que se negaron a entregarlos, litigios que el Gobierno federal ha perdido hasta el momento, según la información citada en el proceso.
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