La mañana del miércoles 21 de octubre de 2026 terminó en tragedia para una familia en Mendoza con la muerte de los hermanos mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, de apenas 16 años, durante una intervención policial cuyas circunstancias están rodeadas de preguntas y versiones enfrentadas, según la información publicada por Diario Libre.
La principal controversia gira en torno a dos pistolas calibre nueve milímetros, una Taurus y una Glock 19, que de acuerdo con la Policía Nacional fueron ocupadas a los adolescentes durante un supuesto intercambio de disparos donde la institución también refirió un agente muerto y otro herido. La familia rechaza tajantemente esta versión y sostiene que los jóvenes estaban durmiendo cuando los agentes irrumpieron en la vivienda sin preguntar alrededor de las 7:00 de la mañana.
Gleny Jiménez, abuela paterna de los adolescentes, afirmó que vecinos del sector observaron a los policías sacar un maletín de un vehículo oficial del cual habrían extraído las armas para colocarlas en la escena del crimen. Asimismo, cuestionó la existencia de las bajas policiales reportadas al señalar que, de haber ocurrido, los agentes estarían siendo velados en algún lugar, y denunció que las autoridades tomaron fotografías sin permitir la aproximación de los residentes.
Por su parte, Diógenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, rechazó la actuación policial y calificó lo sucedido como una presunta ejecución extrajudicial. Ozuna indicó que conversa con abogados para evaluar el acompañamiento a los familiares y exigió la intervención del Ministerio Público para que el procurador titular o la procuradora ordene una investigación profunda.
Los parientes también recordaron que aproximadamente dos meses antes del trágico suceso habían entregado a los mellizos a las autoridades porque supuestamente eran buscados, pero en esa ocasión quedaron en libertad por no tener delitos pendientes. La familia insiste en que, de haber cometido alguna infracción, debieron responder ante los tribunales y no morir frente a sus padres, mientras exigen respuestas claras y transparentes sobre lo ocurrido en el callejón de Mendoza.

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