Un estudio publicado por el Consejo Económico y Social (CES) sobre el balance de los primeros diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana señala que, si bien el país amplió el acceso a la educación, mejoró las condiciones del magisterio y aumentó la inversión, estos avances no se han reflejado de forma proporcional en los aprendizajes. El documento, elaborado por Magdalena Lizardo Espinal con la colaboración de Marygracia Aquino y publicado en 2026, examina el período 2014–2024.
Entre los logros destacados figuran la generalización de la jornada escolar extendida, la expansión de la educación inicial, la atención integral a la primera infancia, la actualización curricular por competencias y las nuevas normativas para la carrera docente. No obstante, el informe advierte que la calidad educativa continúa siendo uno de los retos principales, persistiendo diferencias entre el currículo y las prácticas en el aula, así como limitaciones en el apoyo a los centros escolares.
El análisis también expone que la ampliación de oportunidades muestra resultados desiguales debido a brechas territoriales y socioeconómicas, además de dificultades para la conclusión oportuna de los niveles educativos. Factores como la vulnerabilidad económica, el trabajo infantil temprano, el embarazo adolescente y las uniones tempranas impactan negativamente en las trayectorias escolares de los estudiantes.
En el aspecto financiero, el documento califica de histórico el incremento del gasto educativo, el cual facilitó la expansión de infraestructuras y programas. Sin embargo, apunta la existencia de problemas relacionados con la eficiencia, la calidad del gasto y la correspondencia entre las inversiones y las prioridades estratégicas del sistema educativo.
Respecto a la carrera docente, aunque se reportan mejoras en la regulación del ingreso, la formación y las condiciones laborales, siguen pendientes una vinculación efectiva entre evaluación, incentivos y desarrollo profesional. Asimismo, la gestión educativa mantiene una estructura centralizada con autonomía insuficiente para las regionales, distritos y centros, mientras que el seguimiento del pacto carece de un sistema de indicadores oficialmente aprobado y de metas explícitas compartidas.
De cara al año 2030, el estudio sugiere enfocar los esfuerzos en los aprendizajes fundamentales, la profesionalización docente, la coordinación institucional y la conexión de la educación con el sector productivo, tomando en cuenta además el impacto que la pandemia dejó en los aprendizajes y la equidad.

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