Imagen ilustrativa del contenido de ejemplo.Según lo publicado por Diario Libre, el Senado aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley para que el nuevo Código Penal se aplique a las empresas a partir del año 2028 y no de forma inmediata. La iniciativa fue sancionada con 21 votos a favor, tras aplicarse un procedimiento de urgencia sin pasar por el estudio habitual en comisiones y estar menos de un mes en la lista de iniciativas del Senado.
La pieza legislativa es autoría del senador Rafael Barón Duluc. Tanto el proponente como el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, argumentaron que resultaría «injusto» exigir una aplicación inmediata a las compañías, debido a que estas requieren tiempo para adecuarse al nuevo régimen legal.
El Código Penal vigente, promulgado en 2025, establecía inicialmente que la ley penal se aplicaría a las empresas desde el 5 de noviembre de este año. No obstante, si la nueva propuesta del Senado recibe la aprobación de la Cámara de Diputados y la posterior promulgación del Poder Ejecutivo, el plazo se extenderá hasta 2028. Los argumentos del proyecto señalan que la responsabilidad penal empresarial exige la adopción de políticas de prevención, supervisión, programas de cumplimiento y mecanismos disciplinarios. El senador Duluc indicó que la instalación de estos sistemas por parte de compañías especializadas puede costar hasta 20,000 dólares.
La pieza aprobada especifica que este diferimiento para el sector empresarial no afecta la entrada en vigencia del resto de los artículos del Código Penal, los cuales se aplican desde agosto de este año, con el propósito de evitar lagunas, contradicciones o interpretaciones jurídicas fragmentadas.
De acuerdo con el nuevo Código Penal citado por la fuente, las empresas pueden enfrentar consecuencias penales por infracciones derivadas de falta de supervisión, controles técnicos o deficiencias. El artículo ocho de la normativa establece la responsabilidad penal por actos u omisiones de representantes o subordinados, contemplando además sanciones por muertes provocadas por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia.
Tras su aprobación en el Senado en un plazo expedito, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su estudio y posible aprobación.
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